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POLÍTICA
09-01-2018 09:00:00
Crearán un registro para transparentar la asignación de viviendas sociales
La provincia que quiera recibir recursos para construir viviendas sociales deberá compartir la información de los beneficiarios en un registro único que comandará la Nación y que servirá para "transparentar" el proceso de asignación de casas, según la Secretaría de Vivienda.

 
 


El Gobierno anunció en el Boletín Oficial la creación del Sistema de Gestión de Beneficiarios (SIGEBE) de planes de vivienda, una herramienta para gestionar la base de datos de personas inscritas en los distintos programas habitacionales de la Nación, las provincias, los municipios y hasta los sindicatos.

"El Sistema de Gestión de Beneficiarios (SIGEBE) tendrá como finalidad ser una herramienta tecnológica de registro, identificación, selección y/o adjudicación de beneficiarios, a los fines de conocer y validar la demanda de soluciones habitacionales y futuras adjudicaciones que se realicen en la República Argentina", dispuso la Secretaría de Vivienda y Hábitat en la Resolución 1-E/2018. Si bien la adhesión de las provincias al SIGEBE es voluntaria, hacerlo será un requisito para recibir fondos federales, aclararon fuentes oficiales.

Hay en juego 27.000 viviendas que el Gobierno planea terminar de construir este año y cuya ejecución viene de períodos anteriores. Y hay otras 60.000 "en construcción", que se terminarán en los años siguientes, según consta en el Presupuesto 2018. Son parte del Programa Nacional de Vivienda, al que deben adherir las provincias si quieren recibir fondos nacionales para construir.

Según relevó la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), este año se destinarán $ 8635 millones a la construcción de viviendas, más otros $ 9000 millones asignados al Procrear.

El Plan Nacional de Vivienda busca uniformizar la información y crear un registro único, que permita cruzar datos de los inscriptos con la AFIP, la ANSES y otros organismos públicos. "Así eliminaremos, de una vez por todas, el hecho de que la vivienda sea utilizada como bastión de la política", dijo a TN.com.ar el secretario de Vivienda, Domingo Amaya.

De acuerdo con la concepción oficial, las viviendas sociales deben asignarse a la población de menos recursos, cuyos ingresos no superan los dos salarios mínimos. Las familias con ingresos de entre dos y cuatro veces el salario mínimo pueden anotarse a los diferentes planes Procrear. Y las que ganen más de ese umbral, entiende el Gobierno, puede aplicar a un crédito hipotecario en el mercado.

La posibilidad de acceder a una vivienda social queda así acotada a familias con ingresos de hasta 19.000 pesos al mes. Para hacerlo, los interesados deben inscribirse en los distintos registros provinciales. Las provincias que adhieran a la iniciativa nacional compartirán esos datos en una base única. Eso permitiría, entre otras cosas, cotejar que los interesados cumplen con los requisitos de ingresos y evitar duplicaciones.

"Si hay más familias que casas a disposición, van a sorteo para evitar privilegios", dijo Amaya. "Queremos que haya prioridades, no privilegios. Las familias con hijo discapacitado, las madres solteras, los sectores que tienen amplia vulnerabilidad...", agregó el funcionario.
Según el funcionario que responde al Ministerio de Interior, las familias que acceden a la vivienda social pagan mensualmente una cuota que cubre aproximadamente el 20 por ciento del valor de la casa. La cuota varía de acuerdo a la provincia, pero promedia los 4500 pesos. Los pagos no están indexados, como ocurre con los créditos hipotecarios en UVA.

El Pacto Fiscal que firmaron la Nación y casi todas las provincias -menos San Luis- también refiere a la vivienda social. Las provincias se comprometen a usar los recursos que reciben por el Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) a ese fin específico. Parece una verdad de Perogrullo, pero no lo es: desde la crisis de 2002, las provincias fueron habilitadas para que dispongan de esas partidas presupuestarias sin restricciones y muchas emplearon ese dinero para cubrir gastos corrientes, como el pago de salarios.

A partir de este cambio, la Nación y las provincias -vía Fonavi- financiarán las viviendas de forma compartida. El Estado nacional pondrá el 70 por ciento del dinero y los distritos subnacionales, el 30 por ciento restante. Claro que para recibir los fondos federales deberán compartir la información.

Según el Gobierno, existe en Argentina un déficit habitacional de 1,5 millón de viviendas, a las que se suman otras 2,5 millones de casas precarias en barrios vulnerables. "Con una planificación, en 20 o 25 años se soluciona el déficit habitacional", dijo Amaya.

Fuente: TN
 
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