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OPINIÓN
18-01-2018 09:00:00
La muerte de Nisman, un crimen político
Lo que ocurrió con Alberto Nisman no solamente es parte de nuestra historia: lo que suceda con las causas judiciales donde ha sido fiscal y víctima marcará nuestro futuro por décadas.

 
 
Hace tres años mataron al fiscal federal Alberto Nisman. Todavía no sabemos quién: si fue algún gobierno, fuerzas ocultas de algún gobierno o algún grupo religioso fanatizado. Todo es una incógnita y cualquier hipótesis es posible.

Lo que sabemos con absoluta certeza es que no fue víctima de un delito común, pasional o por robo. Fue un crimen político que tuvo directa relación con su actividad como fiscal en la causa AMIA o con la denuncia que había hecho contra la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner, o con ambas cosas. Negarlo sería burlarse de Nisman, de su familia y de todos nosotros.

No tiene sentido recordar aquí todos los vergonzosos errores cometidos, con dolo o con culpa, por los magistrados judiciales que intervinieron en la primera etapa de la investigación de este magnicidio ni de las decisiones de jueces y fiscales en la denuncia hecha por Nisman contra Fernández de Kirchner. También es redundante recordar la indignante actitud de la ex Presidente y de su secretario de Seguridad, el médico Sergio Berni.

Dejemos esa parte de la realidad a los historiadores y a los jueces, concentrémonos en el futuro, porque ahora está en juego la credibilidad de nuestra Justicia y, con ella, el futuro de nuestro país.

El hasta hace poco inimaginable descrédito del Poder Judicial sería irreversible si la investigación por la muerte de Nisman no tiene al menos algún resultado más concreto que el saber con certeza científica que fue un homicidio. Peor sería si la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner y sus acólitos termina archivada, como intentó hacerlo el juez Daniel Rafecas. Y también sería pésimo que la causa por el nefasto pacto con Irán duerma en algún cajón hasta que la prescripción salve a los procesados.

No olvidemos que esas vergüenzas judiciales se enmarcan en el origen de todos estos males, que fue la salvaje masacre de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) donde 85 argentinos fueron asesinados y 300, heridos de diversa gravedad, por algún gobierno extranjero. En esa causa hay una impunidad completa que casi fue potenciada por un inconstitucional y traidor acuerdo con Irán que violó nuestra soberanía y trató de negociar nadie sabe bien qué sobre las vidas y los sufrimientos de casi cuatrocientos ciudadanos.

Es imposible tener un país medianamente serio con estos niveles de impunidad. Ya no se trata de la catástrofe de que solo el 1% de los delitos tenga condena efectiva o, dicho en otros términos, que en la Argentina el 99% de los delitos sean crímenes perfectos. Ya no se trata de una inseguridad jurídica generada por nuestra inestabilidad legal y regulatoria, potenciada por la casi total aleatoriedad de las decisiones judiciales, por su lentitud, su ignorancia, su partidismo o su corrupción.
El dilema que enfrentamos se enmarca en una suma de hechos gravísimos: un magnicidio cometido contra un fiscal federal, una denuncia contra una Presidente en ejercicio hecha días antes de esa muerte, una grosera violación de la soberanía judicial argentina, una traición por haber prestado ayuda y socorro a enemigos del país, y todo después de un acto de guerra que mató a 85 argentinos. El dilema es si vamos a permitir que todos esos delitos sigan impunes, como lo están hasta hoy.

Si no terminamos con esta impunidad rampante, nadie creerá en nuestros jueces. Es cierto que en toda generalización pagan justos por pecadores, pero también es inevitable, porque el nivel de un Poder Judicial no está dado por sus mejores exponentes, sino por los peores.

Tanta impunidad sería devastadora. Nadie nos creería, ni nos creeríamos entre nosotros, porque una sociedad sin jueces razonablemente justos e independientes es imposible e inconcebible. Semejante situación no será solo un problema del Poder Judicial o de los jueces y los fiscales: será un problema nacional, porque ningún país en el mundo actual puede prosperar si carece de un sistema real de Justicia.

Lo que ocurrió con Nisman no solamente es parte de nuestra historia: lo que suceda con las causas judiciales donde ha sido fiscal y víctima marcará nuestro futuro por décadas.

Por Alejandro Fargosi, abogado y ex integrante del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación
 
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